La implementación de la presente propuesta de ley no solo beneficiará a quienes actualmente padecen cáncer, sino que también contribuirá a la sostenibilidad del sistema de salud. Al reducir la mortalidad y morbilidad asociadas a esta enfermedad, se disminuirán los costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad y el impacto social.

La inclusión de sanciones por incumplimiento asegura que las disposiciones legales no queden en letra muerta. Esto genera confianza en que los objetivos planteados serán alcanzados, promoviendo una cultura de responsabilidad y cumplimiento.

El Pacto Mundial contra la Diabetes de la Organización Mundial de la Salud tienen la visión de reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad tengan acceso a un tratamiento y una atención equitativos, integrales, asequibles y de calidad, enmarcándose dentro de lo que establece la Constitución de la República que garantiza el acceso universal a la salud y a una atención oportuna y de calidad. Es por ello, que la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte considera pertinente la tramitación de la reforma a la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas, ajustándola a la realidad actual y en concordancia con el marco constitucional y legal vigentes.

La propuesta se concentra en la protección de la población infantil y adolescentes, así como establecer las bases para abordar los efectos derivados de hábitos nutricionales inadecuados con incidencia en la salud.

En resumen, la creación de esta Ley es una necesidad urgente para evitar la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito de la reproducción asistida y asegurar que todas las personas tengan acceso igualitario a estas tecnologías. Esta normativa proporcionará un marco jurídico robusto que garantice la tutela judicial efectiva y el debido proceso, la protección del derecho a la identidad y la nacionalidad de los niños, la promoción de la igualdad y la no discriminación, y el reconocimiento de las familias diversas, siempre priorizando el interés superior del niño. Al adoptar esta legislación, el Ecuador reafirmará su compromiso con los derechos humanos y su adaptación a los avances científicos y tecnológicos, asegurando que la reproducción asistida sea una opción accesible y respetuosa para todas las personas que deseen formar una familia.

La inclusión de la educación financiera en el sistema educativo responde a una necesidad urgente y estratégica para fomentar el bienestar económico, la reducción de desigualdades y el desarrollo integral de la sociedad. Desde principios del siglo XXI, la inclusión financiera ha sido reconocida globalmente como un pilar clave para mejorar la calidad de vida, combatir la pobreza y promover el desarrollo económico sostenible, según estudios del Banco Internacional de Desarrollo (BID), Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que demuestra su impacto en el bienestar de las personas. En este contexto, la educación financiera emerge como una herramienta fundamental para dotar a los individuos, desde temprana edad, de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tomar decisiones económicas informadas, responsables y éticas.