La finalidad es reducir la pobreza del sector rural, diseñar la institucionalidad pública para la adopción de decisiones y estímulos para el sector y depurar la legislación ecuatoriana, para ubicar a la actividad agropecuaria como un potencial eje económico para el desarrollo sustentable del país, asumiendo, tanto la función Ejecutiva y Legislativa, las responsabilidades que a cada uno de ellos les compete; esto es, establecer políticas públicas claras; y, formular normativas legales aplicables en territorio; con la finalidad de constituir un nuevo paradigma productivo basado en la soberanía alimentaria, la erradicación de las desigualdades y el cuidado del medio ambiente.