La coordinación interinstitucional, debe estar respaldada con un marco normativo que viabilice y respalde los operativos de control que se realicen por parte de las instituciones que ejercen el poder punitivo del Estado, especialmente en los registros y requisas para establecer el porte ilegal de armas fuego o armas blancas en espacios acuáticos, cuando no cuenten con los permisos de zarpe de puertos ecuatorianos, para que dentro del debido proceso, los órganos encargados de la investigación del delito, establezcan la existencia o no de la responsabilidad penal de estas personas.

La necesidad de una ley de eutanasia en Ecuador, centrada en los derechos humanos, surge de la obligación ética y legal del Estado de garantizar la dignidad, la autonomía y el alivio del sufrimiento intenso. Esta legislación debe ser el resultado de un amplio debate nacional, involucrando a la sociedad civil, profesionales de la salud, expertos en ética y derechos humanos, y legisladores, para asegurar una normativa que refleje los valores de compasión, respeto y justicia que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. En este contexto, se presenta el proyecto de ley que regula los procedimientos eutanásicos con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional, proporcionando un marco normativo claro y específico en el Ecuador.

Este proyecto de ley busca no solo cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el país, sino también actuar de manera urgente para garantizar la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los ecuatorianos frente a los efectos del cambio climático. La implementación de esta normativa permitirá que Ecuador avance hacia un desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

En síntesis, busca garantizar la restauración, manejo y protección de los páramos así como otros ecosistemas y agroecosistemas de altura, en el marco del reconocimiento a los derechos de la naturaleza y de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades establecidas en la Constitución y la legislación internacional y en coherencia con la Constitución, el Plan de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Reconocer el valor histórico del 5 de agosto de 1820, lo incorpora formalmente en el Calendario Cívico Nacional, y fomenta la investigación, difusión y preservación de esta gesta libertaria. Este acto legislativo representa un paso fundamental hacia la reivindicación histórica de Esmeraldas y hacia la construcción de una memoria nacional que refleje la diversidad, pluralidad y riqueza cultural del Ecuador.